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Con la excusa de los derechos de autor que, como cualquier derecho, ya estaba protegido por las leyes y juzgados ordinarios, las multinacionales, los creadores del Régimen beneficiarios de subvenciones, y la Administración y sus corruptos, se sentirán felices

Barcelona. La oficina siniestra para la censura que anunciaba el 20 de noviembre de 2010 tendrá juez, pero no será una oficina, serán dos. Como es habitual, primero se redactará el reglamento, que también habitual incluirá más imprecisiones y abstracciones ampliando la arbitrariedad de actuación de la Administración, en este caso, Ministerio de Cultura.

Y su Comisión de Propiedad Intelectual, tras denuncia de particulares, cantantes, bandas, directores o representantes, cualquiera, tendrá la potestad de determinar si hay falta o no, iniciándose lo que los profanos llamamos 'empapelarnos'.

Los corruptos podrán rápida y legalmente acabar con cualquier molesto bloguero, y el colapso administrativo y judicial impedirá al ciudadano de a pie, o sea bloguero, actuar

Imagino el gran contento de los corruptos paseándose por el Ministerio de Cultura, primero en la oficina de 'Mediación y Arbitraje', y tras, como dicen los letrados, "sustanciarse la denuncia" con firma de un juez de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo (siempre colapsados) por otra dependencia: la de 'Examinar las denuncias', o sea, la de mayor pasteleo. Triple mediación.

Pero hay más, al igual que todas las leyes españolas, marca unos plazos que se convertirán en otra corrupta arbitrariedad. Los corruptos podrán rápida y legalmente acabar con cualquier molesto bloguero, y el colapso administrativo y judicial impedirá al ciudadano de a pie, o sea bloguero, actuar. Y no admito comentarios, salí de la cárcel nueve días después de cumplir la condena por capricho del Juez Albiñana Olmos, que evidentemente no estaba de viaje: 'Barcelona, 30 años de corrupción'.

Pero reticencias de víctima del poder aparte, entraré en lo que representa crear dos oficinas en el Ministerio de Cultura. Para cada una: un o una titular, un director de gabinete, un secretario general, cualificados ingenieros informáticos (los mismos que ahora sin Ley Sinde desde portales oficiales o paraoficiales colapsan cortan o envían virus) y abogados con secretarias o secretarios, varios oficiales, ordenanzas, coche y chófer, y todo ello repetido por diecisiete autonomías que cual otro Defensor del Pueblo querrán remediar los atropellos a los 'autores intelectuales' de sus respectivas circunscripciones. A uno o dos meses de abrirse las oficinas, caso hace siete años los Juzgados de lo Mercantil, la oficina se colapsa, las denuncias se automultiplican, y el controlador de Internet pasa a manos de las estructuras de 'conseguidores especializados', la 'Gran Corrupción'.

Internet es también un nido de oportunidades y creadores: de emprendedores, que a poco que despunten se encontrarán pagando al abogado especialista un 'empapelamiento' que, cuando la denuncia provenga de una oficina pública o parapública, conllevará un cierre cautelar de su web y blogs, y para levantar esa ilegal 'cautela' (los jueces actuales en casos por descarga han dictado en contra de la mayoría de reclamaciones por derechos de autor) pueden pasar diez años.

No vaya a resultar que a través de Internet se convoquen manifestaciones, y un día el régimen de listas cerradas, oscuros partidos dedocráticos, voto cautivo, sin limitación de mandatos, etc., deba abrirse

Por lo del paro y recolocaciones es un momento excelente para que el Ministerio de Cultura contrate cientos de afiliados al PSOE, o como ya están todos 'colocados' en cargos de imposible despido, y la gran mayoría con varias colocaciones, negocios o bufetes, pues a amigos y amigos de amigos, para montar sus oficinas de censura y amordazar la Libertad de Expresión: no vaya a resultar que a través de Internet se convoquen manifestaciones, y un día el régimen de listas cerradas, oscuros partidos dedocráticos sin primarias desde la base, voto cautivo a las órdenes del líder, sin limitación de mandatos, total ausencia de democracia en la Justicia y Fiscalía, y práctico control y dependencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, o sea un régimen fascistoide, deba abrirse para que como mínimo y en principio se barra la 'Gran Corrupción'. Desatar el "atado y bien atado" de Franco.

El tema empeora si se considera la actuación de La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE): mucho más que una entidad de gestión colectiva, según la ley sin ánimo de lucro, pero en realidad un entramado societario con sociedades limitadas, o sea con ánimo de lucro. Además, la facturación de estas sociedades proviene de servicios a SGAE y procede, por tanto, de la recaudación de derechos de autor.

¡Pobre Cultura, con lo jodida que anda! Y si ya ese Ministerio es una extensión del franquismo en cuanto que quien no domine los resortes y subvenciones del Régimen y sus 'reinos de taifa' no 'produce cultura', ahora, acabando con los marginales que se colaban por Internet, se taponará ese molesto grano para el tinglado de la farsa.

Resumiendo, con la excusa de los derechos de autor que, como cualquier derecho, ya estaba protegido por las leyes y juzgados ordinarios, ¡si es que protegen algo!, las multinacionales, los creadores del Régimen beneficiarios de subvenciones, y la Administración y sus corruptos, se sentirán felices.

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