La aprobación de la nueva ley contradice la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y ha provocado protestas en organizaciones indígenas y movimientos ambientalistas

En abierta violación a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno de Panamá aprobó una ley que reforma el Código Minero de 1964 y permite la explotación de cobre a cielo abierto dentro de zonas indígenas protegidas.

La citada normativa internacional es clara en su artículo 26, numeral 2, cuando establece que "(…) los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen (…)", y añade que para tales fines "(…) los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos (…)".

Sin embargo, esta y otras disposiciones nacionales e internacionales en materia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas han sido ignoradas por la administración del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, quien enfrenta hoy las más severas críticas por parte de decenas de organizaciones ambientalistas locales y extranjeras, las cuales han venido advirtiendo sobre los inminentes daños que causará esta actividad al ecosistema.

Líderes de la etnia Ngöbe Buglé, que habita la comarca del mismo nombre en el occidente del país, se han manifestado para reiterar al Gobierno su rechazo a las reformas, debido al alto costo ambiental que implican y preocupados frente a la posibilidad de ser desalojados de sus tierras.

El proyecto aprobado abre la posibilidad a la explotación del yacimiento de Cerro Colorado, donde residen 150.000 indígenasLa directora ejecutiva de ONG ambientalista Ancon, Alida Spadafora, conceptúa que con la aprobación del nuevo Código Minero de Panamá va a "(…) prestar y regalar (…) recursos al extranjero y (…) van a quedar ríos envenenados, contaminados y suelos improductivos".

La recién constituida Fundación Global Frutos Abundantes publicó un comunicado en su sitio web en el que condena esta "(…) nueva evidencia del desinterés y negligencia del Estado panameño por el respeto de los derechos humanos de sus asociados (…) y una lamentable violación a la autonomía de los pueblos indígenas para ejercer su derecho al desarrollo (…)", según se precisa en el artículo 23 de la Declaración de la ONU sobre el tema.

La Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprobó el jueves 10 de febrero un proyecto que reforma la legislación que regula la actividad minera en el país, y deja abierta la posibilidad de explotar el yacimiento minero de Cerro Colorado, localizado en la comarca indígena Ngöbe-Buglé, en la que viven en la actualidad unos 150.000 indígenas.

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