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El particular infierno al que lleva enfrentándose un progenitor por sus hijos frente a las insituciones educativas extremeñas

Esta denuncia se basa exclusivamente en una de las partes

La víctima es mujer. Como agravante decir que es una menor que padece una discapacidad por su Trastorno por Déficit Atencional (TDA). La víctima ha sido sometida a acoso escolar durante más de cinco años, lo que ha dado lugar a un cuadro ansioso-depresivo por esta minante situación de indefensión, abandono y ninguneo. Motivado por ese cuadro ansioso-depresivo se le ha cambiado la medicación.

 

La víctima ha declarado ante su pediatra, tras salir del colegio con una crisis de ansiedad, deseos de morirse, no siendo infrecuentes estos sucesos. La propia pediatra comentó en su día al padre las presiones existentes sobre este bullying consentido, que finalmente se han pretendido enterrar y esconder. Desde Servicios Sociales y otros entes se considera "cosa de niños, siempre pasó". Nada alarmante, pues.

 

Afectado por el acoso institucional, el padre puede verse obligado a tomar la decisión de mostrarse en huelga de hambre radical e indefinida

A la víctima se le ha negado en su momento cambio de aula por ese bullying sistemático. A la víctima se le han realizado tests sin el consentimiento paterno, falseando datos, tanto en informes escolares, psicopedagógicos, como de inspección. Asimismo al padre se le ha negado el expediente escolar de su hija reiteradamente, amén de cualquier información escolar de su hija.

 

A la víctima se le ha negado unas ayudas para alumnado con necesidades educativas específicas, a pesar de habérsele ofertado por diverso personal del entramado educativo extremeño y cumplir con todas las condiciones, lo que unido a la deficiente economía actual familiar ha dado lugar a no poder contar con sesiones psicológicas para su maltrecha autoestima y estado psicológicos.

 

Al padre se le ha "avisado" verbalmente por inspección que tendría problemas futuros y que el TDA de su hija prácticamente era inexistente, a pesar de estar diagnosticado por varios especialistas; por el contrario se ha dado la tesis manipulada e interesada míseramente de que seguramente los problemas de la niña se derivan del ambiente familiar: nada que ver por tanto con el origen genético y neurobiológico del Déficit de Atención.

 

Paralelamente a los escritos del padre, se ha producido un sistemático proceso de bulos y rumorologías a nivel local y de diversas Consejerías, con el fin de disfrazar la realidad y polucionar el caso, dándose un proceso sistemático de aislamiento, acoso, derribo y desprestigio social hacia toda la familia en sí y sustentado por diversos entramados institucionales.

 

En diversos informes psicológicos se constata el muy acusado acoso escolar, incluido el realizado por alguna asociación de carácter nacional ligada al Defensor del Menor, que en su día se desplazó a estudiar a la niña. A la víctima se le ha negado ser evaluada, tras verse obligada a dejar el colegio, por lo que tampoco se le ha permitido matricularse en el curso que le correspondía por edad, méritos propios y conocimientos.

 

A la víctima se le ha negado ser valorada por equipo psicológico de la Fiscalía de Menores, a la que se denunció el caso por dos veces, al igual que en el Juzgado. A la víctima y al padre no se le han permitido dar su versión y ser escuchados por la propia Fiscalía de Menores, aunque sí al colegio y al E.O.E.P.

 

Se le ha denunciado falsamente en su día, abriéndosele un expediente por posible desprotección hacia sus hijos, tras denunciar previamente tres meses antes las graves irregularidades que se estaban produciendo

Al propio padre se ha intentado, por la Consejería de Educación, que no accediese a la Justicia gratuita para demandar al sistema educativo extremeño, por su economía y su discapacidad, teniendo que verse obligado a presentarse en un juicio en un juzgado de Badajoz para defender su derecho de justicia gratuita, incluso sin abogado para su representación.

 

Al padre se le ha denunciado falsamente en su día, abriéndosele un expediente por posible desprotección hacia sus hijos, tras denunciar previamente tres meses antes las graves irregularidades que se estaban produciendo y la falta de apoyos a nivel escolar, tanto a varios consejeros, como al Presidente autonómico actual y anterior de la Junta de Extremadura. Posteriormente, y un mes antes de esa falsa denuncia, el padre se vio obligado a realizar una huelga de hambre; breve pero teóricamente efectiva, ya que se prometió por la propia Consejera y el Director General de Política Educativa de la Junta apoyos reales como el padre demandaba, aunque finalmente no cumplidos.

 

A día de hoy, nadie ha informado al padre por escrito de las causas que han motivado dicha apertura. En principio siguen buscando algún rastro de posibles malos tratos y negligencias hacia sus vástagos. Tampoco Educación ha informado verazmente de múltiples escritos realizados por el padre y cuando las escasísimas veces que lo ha hecho se han falseado datos, cronología, hechos etc.

 

El padre, como somatización de todo este acoso y derribo sufre de tres lesiones en la retina de su ojo derecho, lo que ha dado lugar a una pérdida de visión de casi un 50% en dicho ojo, además de otros problemas de salud. Además se ha visto obligado a dejar su trabajo para dedicarse a apoyar a su hija, tanto anímico-emocionalmente como académicamente, llevando en esta situación obligada más de dos años, por el momento.

 

Al padre se le ha intentado repetidamente chantajear anímicamente con la posible pérdida de la tutela de sus hijos para llevar a la fuerza y sin garantías alguna a su hija al colegio y a esa clase, tras, como antes expresaba aguantar un sistemático acoso, prácticamente desde que está escolarizada, y por la que ya tuvo que cambiar de colegio en su día.

 

La víctima ha declarado ante su pediatra deseos de morirse tras salir del colegio con una crisis de ansiedad

Al hijo menor del padre tampoco se le ha prestado apoyo logopédico y social, como solicitaba en su momento y como evidenciaba un informe del Equipo de Atención Temprana de la propia Consejería de Educación, cuando fue emitido, cara a su inminente escolarización. El hijo menor, debido a su retraso en el lenguaje, constatado por diversos informes de especialistas y a su inhibición, se hizo sus necesidades fisiológicas en determinadas ocasiones, no siendo atendido en su higiene como correspondía al Sistema Educativo (y así lo deja ver el propio Defensor del Pueblo) hasta que llegaba el padre del trabajo que debía abandonar y lejos de la población de residencia.

 

Consecuencia de ello además, a veces se perdían las sesiones de fisioterapia que se le daban determinadas mañanas, por diversos problemas que presentaba, dado que había que atender su higiene por esa inhibición presentada, que en modo alguno ha sido atendida escolarmente.

 

La víctima, por el momento, lleva dos cursos sin poder acudir a clase, tras la incapacidad y negligencia de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, para que se le proporcione a esa menor los apoyos necesarios, así como el respeto e integridad psicológica como poco.

 

Al día de hoy, y en cualquier momento, como ya expresó en escrito registrado y publicado en distintos medios de comunicación, el padre y afectado por acoso institucional puede verse obligado a tomar la decisión de mostrarse en huelga de hambre radical e indefinida, haciendo responsables de su deterioro en su salud física y psíquica a los titulares de las Consejerías de Educación, Igualdad e incluso Presidente Autonómico de la Junta de Extremadura, a los que se ha dirigido en diferentes ocasiones, sin que haya habido respuesta alguna a sus demandas.

 

Para finalizar, recordar como ya se hizo en escrito registrado el 10 de mayo pasado, que si finalmente se inicia esa actitud radical y obligada, será condición necesaria aunque no suficiente, ni mucho menos para deponer esta actitud radical, que cargos como los nombrados, informados pero complacientes, cómplices y cobardes dejen su puesto, tras ir sacando a la luz pública distintas pruebas muy comprometidas de ese acoso escolar e institucional consentidos.

 

Villafranca de los Barros, agosto de 2010

 

 

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