Blogeros, periodistas y medios suscriben un manifiesto que denuncia la intención del Gobierno de cerrar webs sin autorización judicial

La Redacción Bottup suscribe el manifiesto, que incluimos íntegro en este artículo

Los dos bandos están más enfrentados que nunca: el reducido -pero muy influyente para el Gobierno- lobby cultural y el inmenso grupo de internautas, cientos de miles, pero a quienes el Ejecutivo no escuchaLa Red se une en contra de la medida incluida en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que permitirá el cierre de webs de descargas sin autorización judicial y a estas horas la bola de nieve -en forma de manifiesto unitario contra el Gobierno- no para de crecer.

Medios de comunicación y blogueros han suscrito dicho manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en internet' en el que subrayan que "los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad".Los firmantes acusan al Gobierno de "amenazar a los nuevos creadores", de "entorpecer la creación cultural" y de "intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta".

En definitiva, la palabra que más suena es 'Censura'. "Con la excusa de luchar contra la piratería se abre la veda a la censura". Hay dos bandos cada vez más enfrentados. Por un lado, el reducido -pero muy influyente- lobby cultural que agrupa a los artistas de renombre -ni mucho menos a todas las personas que viven de la cultura en este país-, por otro, un gigantesco grupo de cientos de miles de internautas, pero no con tanta influencia ante el Gobierno. Hasta hoy.

La Redacción Bottup, sin perjuicio de la opinión personal de cada uno de los más de 1.200 periodistas ciudadanos de Bottup, suscribe el manifiesto:

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

La raíz del problema: propuesta de modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (Texto íntegro incluido en las disposiciones finales del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible:)