Ciudadanía

Con la reciente amenaza de excomunión a los parlamentarios partidarios de la Ley del aborto, la Iglesia Católica acrecenta aún más las divergencias con la sociedad española

Aunque parezca irónica esta anotación, la realidad, de llevarse a cabo la amenaza de excomunión del Parlamento español (en la Iglesia católica, expulsar a alguien de la comunidad de los fieles y del uso de los sacramentos), es que puede provocar el vacío de las Iglesias españolas.

La Conferencia Episcopal mantiene un total desafecto por la sociedad. Rechaza la nueva realidad social de modelo de familia; no acepta la investigación médica de células madre; no admite los métodos anticonceptivos; y ahora, de manera severa y enérgica, el Obispo auxiliar de Madrid y Secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, declara que toda persona que acepte el proyecto de Ley del aborto está en 'pecado público mortal'. Con esta carga, obviamente, no pueden ser admitidos en la 'sagrada comunión'.

Es decir, si finalmente el Parlamento aprueba esta reforma de la Ley, y como el pecado es para toda persona católica y partido que lo acepte, pues todos excomulgados.

El desenlace de la expulsión es la ausencia de los templos de todos y todas los/as afectadas/os. Si los cabezas de familia no pueden hacer uso de los sacramentos, el resto de la familia de manera indirecta también sufre las consecuencias de la excomunión. Mientras la Iglesia se separa cada vez más de la sociedad, el asunto de un Director de 81 años en un ente que ha jubilado a los mayores de 52 también causa desconcierto en la ciudadaníaEn fin, un paso más que aleja a la sociedad española de la Iglesia católica.

En otro orden de cosas
Con el mayor respeto hacia la persona, y reconociendo las cualidades humanas y profesionales, me ha sorprendido que la única persona capaz de concitar un acuerdo entre el PSOE y PP, para presidir el Consejo de Administración de RTVE, haya sido Alberto Oliart. Algo falla cuando se decide fichar a un presidente de 81 años, que tiene que dirigir un organismo que ha jubilado a los profesionales que superaran los 52.

Esto, desde el punto de vista del gran elenco de personas que tienen acreditada profesionalidad y conocimientos de gestión y además no están jubilados, es incomprendido por la sociedad.

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