Unos 10.000 empleos pueden desaparecer si prospera el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual que ha aprobado el Gobierno, según ha denunciado el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP).

RB/SM. El foro señala en un comunicado que el proyecto amenaza la estabilidad de las plantillas y la producción propia tanto de los medios públicos como de los privados.

Estas críticas se producen cuando se hace público el número de periodistas inscritos en como demandantes de empleo: 5.000, 2.000 más que el año pasado.

Hay 2.000 periodistas parados más que el año pasado y con la aporovación del nuevo proyecto de Ley se preveen que aumenten en otros 10.000El Foro de Organizaciones de Periodistas, pide a los grupos parlamentarios que acepten sus propuestas y modifiquen el proyecto de Ley. Según el FOP, el proyecto de ley, que deroga la Ley del Tercer Canal, abre la puerta a la privatización de las cadenas autonómicas y empeora claramente la actual legislación sobre límites a la externalización en las televisiones públicas.

Asimismo, considera que el texto enviado al Congreso no deja claro que el concepto de servicio público abarca a todo el sector audiovisual, independientemente de que las empresas que lo gestionen sean de titularidad pública o de capital privado. La ambigüedad en este aspecto ensancha la brecha entre los operadores de este servicio y refuerza las obligaciones de los públicos y los derechos de los privados, añade la nota.

El FOP avisa de las posibles consecuencias: "Entendemos que el proyecto, que liberaliza todo el mercado audiovisual, pone en peligro unos 10.000 puestos de trabajo en toda España".

Autorregulación
Otro de los aspectos que al foro no le gusta del proyecto es el derecho que se otorga a los prestadores de servicios a aprobar códigos en los que se regulen los contenidos y las reglas de diligencia profesional.

El nuevo derecho de 'autorregulación' no es un instrumento válido, pues adquiere competencias que deberían tener el Consejo Estatal de Medios AudiovisualesEn su opinión, la experiencia desde que existe el Código de Autorregulación de las empresas de televisión que voluntariamente se han adherido a él demuestra que es un instrumento válido sólo para estos empresarios, que son juez y parte a la hora de valorar las denuncias que se presentan, con dificultades, puesto que no cumplen el compromiso de facilitar los cauces a los ciudadanos para poder interponer fácilmente cualquier queja que quieran formular.

El FOP también rechaza que se recurra a un Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia, otorgándole competencias que debe ejercer el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, al igual que nos parece difícilmente asumible que el simple acuerdo entre la autoridad audiovisual competente el prestador del servicio ponga fin a un procedimiento sancionador, como se recoge en la actual redacción.

El Foro de Organizaciones de Periodistas está formado, entre otros, por CCOO, UGT, la Federación de Sindicatos de Periodistas de España (FeSP) y el Colegio de Periodistas de Catuluña.