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El TSJV reconoce que sí existieron regalos y dádivas a Camps pero sin relación directa con las empresas que luego obtenían contratos adjudicados por la Generalitat Valenciana

El TSJV se ha pronunciado sobre el caso Camps. Reconoce que sí existieron regalos y dádivas al presidente Francisco Camps. Pero dos magistrados no ven relación directa entre los obsequios adquiridos y las empresas que luego obtenían contratos adjudicados por la Generalitat Valenciana.

Hay un tercer magistrado que emite su voto particular y cuestiona la clarividencia de lo anterior. Pero en un Estado de Derecho, todo demócrata debemos aceptar lo dicho por los tribunales.

Ahora bien, hay dos comportamientos que también los demócratas estamos obligados analizar: La desaforada reacción de Mariano Rajoy, pidiendo que hablaran los “inquisidores” que con las pruebas escritas y grabaciones han cumplido con su obligación hasta llegar al punto del pronunciamiento del Tribunal valenciano.

Por ser Rajoy quien es, no debería hablar de la manera que lo hace. Ya que, si llegado el momento, el Tribunal Supremo dice lo contrario, la sociedad democrática podremos pensar que también el Supremo, en versión Rajoy es un “inquisidor”. Y esto, haría mucho daño a la institución.

Luego está la responsabilidad política. El presidente Camps, está obligado a comparecer ante el Parlamento autonómico y explicar la reversión de lo dicho en su día en sede parlamentaria declarando que “él se pagaba sus trajes” y lo afirmado en el contenido del auto de los magistrados.

Han sido tantas las pruebas y también la relación directa de los regaladores con el caso Gürtel, que desde un punto de vista democrático, podemos comprender que la Fiscalía General, decida recurrir el auto ante el Tribunal Supremo que está juzgando el caso.

Por eso, el venenoso ataque que los dirigentes populares, con Dolores de Cospedal a la cabeza, están haciendo contra el Gobierno no está justificado. Los tribunales de Justicia con los datos aportados por las partes, analizan, estudian, y se pronuncian. Pretenden mediatizar desde lo político el veredicto de las Instituciones judiciales, y eso es un grave error.

En un Estado de Derecho fuerte y firme, el Poder Judicial siempre debe ser independiente del Poder Político. Esto, junto con otros principios y valores son la base sólida de la democracia del s. XXI.

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