( 4 Valoraciones ) La crisis financiera y económica global provoca todo tipo de efectos sobre toda la sociedad. Sin embargo, los medios de comunicación privilegian la situación de la bolsa o de los mercados de acciones en los que sólo interviene una pequeña parte de la sociedad.
Pocos son los que hablan sobre otro tipo de consecuencias. Pocos son los que mencionan el gran aumento del desempleo y de la pauperización general, por lo tanto no son capaces de argumentar a favor de los movimientos de protesta social que crecen día a día.

 

Movilización social vs. aparato represor
A lo largo de la historia han sucedido incontables movimientos de protesta social. Grandes grupos de personas unidas por una causa, una situación, o una reivindicación común salen a la calle para hacer visible su demanda al resto de la sociedad y al Estado.

Cánticos, banderas o pancartas, panfletos repartidos en mano o arrojados al aire, son algunos de los elementos casi siempre presentes en estas jornadas de protesta. Pero hay otro elemento que jamás dejará de acompañarlas: el aparato represor del Estado. 

 Policía, prefectura naval, gendarmería o el mismísimo ejército. Grupos de personas organizadas por una rígida y alienante estructura fuertemente jerarquizada, unidos por la orden de un superior, obligados a obedecer más allá de sus convicciones personales.

Hombres y mujeres armados y dispuestos a matar, golpear y/o privar de la libertad a aquellos que su superior les ordene. No son máquinas automatizadas, son seres humanos, pero su uniforme les sustrae la humanidad. En nombre del 'orden público' defienden los valores del capital. En nombre de la 'seguridad' provocan violencia. En nombre del 'servicio a la comunidad' se enfrentan a quienes luchan por una mayor justicia social.

Pero más allá de la existencia de estos dos grupos altamente contrastados, cabe preguntarnos qué los motiva a actuar o movilizarse de la forma en que lo hacen.

Resistencia a la opresión capitalista
Es evidente la heterogeneidad de razones que se encuentran tras los innumerables movimientos de protesta social a nivel global, pero en medidas generales todos comparten la resistencia a algún tipo de opresión.

Podemos mencionar como ejemplo las luchas feministas o anti-racistas, o en el plano laboral aquellos que reivindiquen aumentos salariales o paro de suspensiones y despidos en las empresas. Éstas últimas merecen especial atención en los tiempos que corren, y es importante destacarlas ya que es probable que, en los meses que sigan, dichas luchas se multipliquen proporcionalmente a la intensidad de la crisis internacional.

Pero, ¿cuál es la relación entre la crisis financiera internacional y el crecimiento de las protestas sociales? La respuesta no es nada complicada. Sucede que la caída de los mercados a nivel mundial supone un recorte a la rentabilidad de las grandes empresas, las cuales van a intentar mantener dicha rentabilidad (o al menos intentar perder lo menos posible) de la forma que les resulta más sencilla y que actúa con efectos inmediatos: reducción  de gastos en personal.

Esto se traduce en lo que la actualidad ya son miles de despidos y suspensiones en muchos países desarrollados y en aquellos en vías (truncadas) de desarrollo. Las estimaciones a corto y mediano plazo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ) hablan de decenas de millones de nuevos desempleados en todo el mundo.

Este nuevo escenario, que amenaza con hundir a las clases medias de familias trabajadoras hacia un abismo de pobreza e indigencia, acentúa, como es de esperarse, las condiciones propicias para el desarrollo de organizaciones y movimientos de protesta (muchas veces canalizados por algún partido político de oposición) que salen a la calle para hacer oír sus reclamos.

 Ahora bien, si un Estado democrático debe privilegiar las necesidades del pueblo, ¿por qué el Estado censura o reprime las expresiones populares que denuncian las injusticias sociales? ¿Acaso toda lucha social tiene un carácter golpista y representa una amenaza para el gobierno y el resto de la sociedad? ¿O es que en un Estado democrático se deben defender otros intereses que no son los del pueblo?

Son preguntas que dan pie a interesantes debates que no caben aquí, así que sólo se mencionarán aspectos de la postura de este otro gran actor en el escenario social: el Estado.

Resistencia a la resistencia
En la enciclopedia virtual conocida como Wikipedia podemos encontrar la siguiente definición: "Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo."

Si bien es una definición breve, quizá incompleta, resulta interesante ver la contraposición entre el lugar de residencia del poder real (es decir, en los 'democracias' actuales) y el presentado en la definición. Hay quienes se opondrían a esta definición argumentando que la idea de una voluntad colectiva homogénea es ilusoria.

Sin embargo es innegable que existen deseos y necesidades comunes a todos o casi todos los miembros de una sociedad. Teniendo esto en cuenta quizá podría sorprender que nombremos con el título de 'democracia' a la forma de organización predominante en las sociedades actuales, porque en ellas operan relaciones verticales de poder que funcionan manteniendo el sometimiento de la clase trabajadora, relegándola a una situación de explotación por parte de las grandes empresas que, no es casualidad, son quienes tienen la voz y el voto a la hora de tomar las decisiones que marcan el rumbo que se ha de seguir.

Dicho esto, nos acercamos a entender el actuar represivo de un Estado cuando el pueblo alza su voz y muestra su deseo de participar activamente en la construcción de las normativas que rigen la organización social. En definitiva, lo que la lucha social pone en riesgo no es a la democracia sino, por el contrario, a un Estado de opresión que se auto propone como democrático a partir del reconocimiento del voto popular y de la elección de sus representantes. 

La protesta social no sólo no arriesga a la 'democracia', sino que es en si misma una expresión democrática. Es el mismo pueblo que lucha por el bien común, para mostrar su rechazo a la dominación.

Muchas son las herramientas y los recursos que pueden utilizarse para concretar esta 'resistencia a la resistencia', es decir, para desbaratar la resistencia ofrecida por la lucha social. Desprestigiar mediáticamente la protesta es una de esas herramientas, pero no siempre es suficiente para quebrarlas. El desprestigio y la condena moral de las luchas sociales y sus metodologías, pueden actuar como un aval para la criminalización de la protesta social. Se trata de llevar a la resistencia social al plano de la justicia o de la legalidad, es decir, a aquellos espacios donde el voto de la mayoría deja de estar representado.

Cuando la ofensiva estatal o patronal encuentra su justificación y su aceptación en base a las leyes (curiosamente formuladas y puestas en práctica por el mismo Estado en defensa del sector patronal), podemos decir que ha triunfado. Esto de ninguna manera significa que no surjan nuevas iniciativas de protesta social ni que aquellas que han perdido su impulso inicial no reaparezcan con un nuevo impulso. Pero este triunfo efímero, logrado a partir de la criminalización de la protesta social, refuerza las condiciones para que las nuevas luchas sociales sean criminalizadas de la misma forma.

En estos tiempos de crisis financiera y económica mundial, los grandes capitalistas intentarán descargar el peso de la crisis sobre la clase trabajadora, lo cual potenciará la desesperación popular, fomentando así la aparición y reaparición en el escenario de nuevos y viejos sectores de la sociedad que saldrán a luchar para reivindicar sus derechos.

 

¿Cómo será el actuar del Estado? ¿Cumplirá el rol de mediador entre las partes en conflicto? ¿Qué pasará cuando las movilizaciones sean masivas? Son preguntas muy generales, sobre todo teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad de situaciones en los distintos estados y sociedades del mundo. Pero partiendo de las bases de que la crisis no dejará ninguna región sin afectar y que las acciones de los gobiernos 'democráticos' tienen elementos en común, es fundamental analizar el hablar y el hacer de dichos gobiernos a la hora de tomar una postura y una decisión concreta.

Fuerte control estatal o 'laissez faire', represión o contemplación de los derechos humanos, nacionalización o privatización,  precariedad laboral y desempleo, o protección del trabajo, competencia o cooperativismo. Son algunas de las dicotomías que tomarán protagonismo y generarán (o deberían generar) intensos y enriquecedores debates. Mientras tanto, la crisis avanza y nadie parece saber cuándo ni cómo habrá de terminar.

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