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Más del 70% de las empresas sufren este retraso, especialmente crítico en las pymes, con el consiguiente deterioro del empleo

Según se publica, “una de cada cuatro quiebras empresariales se debe a la morosidad de la Administración”. En la época de crisis de estos días vemos una circunstancia que sorprende: el mayor moroso de España son las Administraciones Públicas. De esta manera, por su demora en el pago de las facturas, condena a miles de familias de pequeñas y medianas empresas y, además, fomenta una corruptela inconcebible en el pago de tales facturas. Por si eso fuera poco, las grandes empresas, que también se ven aquejadas por este pago retrasado, aplican la demora a sus suministradores, con lo que se llega a una situación de retraso, ahogo e indefensión que ahoga al más débil de la cadena.

 

“Las pymes denuncian los 33.000 millones de deuda de las Administraciones Públicas”. Más valdría que dentro de las acciones y medidas para luchar contra la crisis estuviera el pagar a tiempo y no hacer cargar la carga financiera de la Administración, a los que menos fuerza económica tienen. Más fuerza social como motor del trabajo en un país con más de cuatro millones de parados, quizás ayudaría infinitamente más que las presuntas y terribles liberalizaciones del despido, que mirando al tendido propugna la patronal cuando la economía va mal, regular o bien.

En Expansión publican que “la Administración paga tarde al 80% de pymes”. Estamos hablando que podrían ser más de treinta mil millones de euros que, como digo, estas empresas prestan al estado sin interés y con riesgo para la propia pervivencia. Esta carga financiera no sirve ni ayuda en ningún aspecto ya que no es productiva y solo sirve para que algún desangelado y corrupto funcionario "cobre" por poner la factura “encima del montón” o mantenerla debajo del montón que es lo mismo que el ostracismo financiero.

En El economista hemos podido leer que "[...]1,5 millones de empresas se ven afectadas cada año por la morosidad, cifra equivalente al 70 por ciento del tejido empresarial español”. Para llegar a este hecho debería adoptarse un plan de choque, uno más, como el de la justicia, la sanidad o la educación, por ejemplo. Y debería tener la ayuda y colaboración de los funcionarios, ese colectivo tan reacio a cualquier cambio y a cualquier mejora del servicio. Por lo pronto, la Unión Europea ha obligado a las Administraciones Públicas a pagar en treinta días y, a partir de ahí, sufraguen esa financiación oculta en la que se incurre.

Por su parte, el diario Cinco Días escibe que “los retrasos en el pago de las Administraciones Públicas, que CEPYME sitúa entre los 180 y los 200 días, muy por encima del tope legal de sesenta días, castigan sobre todo a las pymes, porque, [...] las grandes compañías también se están demorando en el pago a las pequeñas.”

Es un primer paso para evitar primero ese endeudamiento irresponsable y endémico de los ayuntamientos, obliga a pagar rápido y afrontar la financiación de esos pagos y, además, reinstaura una costumbre obligatoria para los mortales comunes: si no se puede pagar no se ha de contratar un servicio. Las Administraciones se lo saltan conociendo que pagarán 'tarde, mal y nunca' a pesar de que la ley obliga a que el pago máximo de una factura sea en sesenta días, en España ese plazo se triplica y casi nunca baja de los 180 días y casi nunca se salda con la repercusión de esos intereses.

 

La dotación presupuestaria que el Gobierno ha aprobado para hacer frente a estos impagos sorprendentes, así como la posibilidad de que los ayuntamientos puedan endeudarse aún más para responder ante esas facturas antiguas, no resuelven el problema. Quizás lo posponen, o lo dejan donde al final desembocan todos los desafueros de aquellas Administraciones que bebieron del ladrillo nutricio: lo pagaremos los ciudadanos.

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