Los particulares podemos asociarnos y organizarnos para buscar e implantar soluciones efectivas, pero en ningún caso podemos suplantar a la Administración. Ésta tiene la obligación de velar por la salud y el bienestar de los animales de compañía.

La realidad es que, a día de hoy, la protección jurídica de los animales se diluye en un conjunto disperso de leyes, reglamentos y recomendaciones que la Administración central y las Comunidades Autónomas han ido produciendo de forma errática y arbitraria, cuyas violaciones son sancionadas de forma dispar y en lo único en que coinciden todos estos estamentos es en que apenas se esfuerzan por hacer efectivo su cumplimiento.

Ya ha llegado el momento de exigir responsabilidades a quienes sólo actúan de oficio cuando hay votos u otro tipo de intereses espurios de por medio y reclamarles, exigirles, que honren las instituciones que representan en nuestro nombre y el compromiso que han adquirido.

Las campañas de sensibilización han influenciado notablemente a la Sociedad, pero las iniciativas privadas –generalmente sin ánimo de lucro- carecemos de los recursos, del músculo y la ubicuidad del Estado. En él hemos delegado todos y cada uno de nosotros nuestra potestad en virtud del contrato social.

Por tanto, corresponde a la Administración la tarea de educar, concienciar y sensibilizar a la población en esta materia, como le corresponde ocuparse del bienestar de los animales abandonados y sancionar leyes únicas para todo el territorio nacional, velando por su cumplimiento con diligencia y contundencia.