El Juez Baltasar Garzón sostiene en el auto en el que se inhibe de la investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo que as autoridades franquistas podrían haber desarrollado un plan "sistemático, preconcebido y con verdadera voluntad criminal" para el "robo" de menores hijos de madres republicanas muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas entre 1937 y 1950, a los que luego se les cambiaba el apellido "para permitir su adopción por familias adictas al régimen".

Garzón, considera que la dictadura franquista "pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40", al arrebatárselos a sus padres para educarles según las directrices de la dictadura.

En el auto, el magistrado mantiene que una de las razones para sostener que los delitos cometidos por el régimen de Franco no han prescrito es precisamente la existencia de víctimas "que puedan estar vivas".

Garzón se refiere concretamente a aquellas que, durante su infancia, "fueron sustraídas legal o ilegalmente (...) y los que fueron 'recuperados' contra la voluntad, o sin ella, de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones y organismos principalmente el Servicio Exterior de Falange".

El franquismo, añade, "acometió una segregación infantil que alcanzaría unos límites preocupantes y que, bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40, en aras a una más adecuada preparación ideológica y la afección al régimen".

Según el juez, en abril de 1942 el gobierno francés de Vichy clausuró los centros de refugiados en los que quedaban españoles. Los hombres fueron enviados a Mathausen o Auschwitz, y las mujeres y los niños, a España. De estos, muchos ingresaron en las instituciones públicas del régimen (Auxilio Social) al estar sus progenitores encarcelados o desaparecidos.

"Actuando de forma clandestina consiguieron que muchos de los niños, no reclamados o con sus progenitores en prisión, fueran reacomodados y no tuvieran la posibilidad de conocer sus señas de identidad auténticas", dice el auto.

Una gran mayoría de 'recuperados' y que según el documento, lo eran sin que mediara reclamación de las familias, no fue reintegrada a las mismas, especialmente si se tiene en cuenta el criterio de la legislación y normas dispuestas sobre la inidoneidad de las familias republicanas para la educación de los menores en el nuevo Estado.

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