Si mientras el Presidente Barreda se comprometía a "no urbanizar" Vega Baja II, Emiliano García-Page se reunía en secreto con Defensa para proponer un negocio en un área que le constaba "con servidumbres y protecciones patrimoniales" que impedían cualquier operación, es ahora cuando de nuevo nos sorprende negociando, también en secreto, con El Corte inglés.

Si ha tenido que ser el abogado de Izquierda Unida quien recuerde la imposibilidad de urbanizar "dentro de la ley", puesto que existe una sentencia en firme conocida por el Ayuntamiento, "las salidas y entradas para este centro comercial", en una zona lo suficientemente congestionada y sujeta a labores arqueológicas durante las próximas décadas, de nuevo la prepotencia de nuestro Alcalde juega a hipotecar el futuro de Toledo.

Estamos hartos de recordar cómo fue el PSOE municipal el que iniciaba la década de los 90 queriendo edificar en Vega Baja y como al menos al principio, el Partido popular se oponía. Al final de la década de todos es conocida la postura consensuada de ambas formaciones políticas.

Sirvan los siguientes datos para demostrar que la Junta de Comunidades, más allá de la palabra de su Presidente y el silencio "administrativo" del Director General de Patrimonio y Museos, ha colaborado en la intención del Alcalde de manejar Toledo como un "cortijo particular":

Hay que recordar el silencio de la Consejería de Cultura desde el año 2004 con respecto a Vega Baja, en la que la única consejería que ponía trabas a la hora de edificar sobre suelo "protegido" y "no urbanizable" era la de Vivienda y Urbanismo, como puede comprobarse en el escrito de 5 de octubre de 2004, donde el Consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil Díaz, se dirigía al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Molina, haciéndole saber que para poder tramitar el Plan de Ordenación Municipal de Toledo había que justificar el cambio de calificación de los suelos rústicos y crear la figura del "suelo rústico no urbanizable de protección cultural", cuestión que sigue sin resolverse.

Pero sería el 3 de diciembre de 2007, cuando en base a la "secreta intención" del Alcalde de Toledo, de adecuar Vega Baja II para aprovechamientos urbanísticos de todo tipo, incluido un centro comercial, la Plataforma X Toledo se dirigía al Director General de Patrimonio y Museos, pidiendo la documentación que acreditara que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el ejercicio de competencias que ya tenía entonces, exigiera un control arqueológico previo a las obras de construcción de la iglesia de San Ildefonso, cuando le constaban descubrimientos arqueológicos de máxima importancia en todo su entorno, incluso mosaicos romanos a pocos metros. Es evidente que el silencio administrativo en este caso señala a la Consejería de Cultura y que toda actuación en la antes llamada Vega Baja II conllevaría responsabilidades patrimoniales concretas de la Junta por dejación en sus funciones.

Tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta de la intencionalidad del Alcalde de Toledo, al impedir con malas artes la intervención en el Pleno de 31 de enero de 2008, al responsable de la Plataforma X Toledo, en la que intentó que Izquierda Unida omitiera sus compromisos con los ciudadanos y votara a favor del "documento definitivo" del Plan de Ordenación Municipal y la "irregular segregación" de Vega Baja II en Santa Teresa I y II, confiriendo un uso urbanístico a un área parte de las protegidas desde que Toledo fue declarada monumento (conjunto histórico) el 9 de marzo de 1940 y refrendado por el tratado internacional que firmó UNESCO con el Gobierno de España en 1986, con motivo de la inclusión del "conjunto histórico" de Toledo en la lista de sitios del Patrimonio Mundial.

Esperamos como última oportunidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para cumplir con sus competencias y con la legalidad, comunique al Ayuntamiento la imposibilidad de ubicar ninguna construcción en Vega Baja II, tras lo que seremos nosotros quienes de nuevo instemos al Estado a recuperar las formas y restablecer la legalidad.