Italia vive momentos convulsos desde la llegada de la derecha al poder. Huele a basura en Nápoles y no mucho mejor en el resto del país. Y es que el gobierno de Berlusconi propone un nuevo decreto para acabar con la inmigración de gitanos rumanos que tanto les molesta.

Ayer se debatió esta medida en el Parlamento Europeo y se pudieron observar claramente las posiciones contrapuestas del Gobierno italiano y el resto de Europa. No contó tampoco con los apoyos de la derecha europea.

No obstante, algunos diputados cargaron directamente contra el gobierno español. Romano Maria La Russa, diputado de la UEN  italiana pidió a los Gobiernos español y europeo que "se callen y miren más hacia su propia casa". También expresó su disconformidad con el objetivo del debate, que es "atacar a un Gobierno elegido con amplísima mayoría". Además, hizo hincapié en que "no tenemos la culpa si los romaníes se manifiestan en nuestro país con hurtos o secuestros de niños".

Por su parte, el comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Špidla, declaró que "la Comisión rechaza de forma categórica toda estigmatización de los romaníes y su identificación con la delincuencia". Y las autoridades no sólo "deberían abstenerse de este tipo de declaraciones" sino también "predicar con el ejemplo y castigar a quienes lo hagan".

Los diputados italianos no pertenecientes al grupo de Berlusconi no se mojaron en la polémica e incluso realizaron propuestas bastante curiosas, como Luca Romagnoli, que propuso la creación de un estado gitano en el este de la UE: "Así se mejoraría su calidad de vida, y también la nuestra".

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