Esta sociedad en la que vivimos está llena de barreras, más o menos “visibles” y de distinto carácter por raza, sexo, ideología, nivel de riqueza, etc. En manos de la ciudadanía está ir sueperado día a día esta discriminación.

Unas de las barreras más “visibles” y, a la vez,  más “silenciosas” son las barreras arquitectónicas. Escaleras y escalones, acerados en malas condiciones, ausencias de rampas y rebajes, mobiliario urbano mal ubicado, etc. dificultan la vida cotidiana de multitud de personas (desde personas con discapacidad, a las de avanzada edad e incluso las que llevan un carrito de bebé, por ejemplo) hasta el punto de suponerles una auténtica odisea al salir a la calle.

La legislación vigente para eliminar dichas barreras es profusa y exhaustiva (Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad; Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, etc.) Sin embargo, es incumplida reiteradamente por organismos públicos y por el sector privado, discriminando a una parte de la sociedad en su acceso a edificios y servicios.

Es imprescindible una mayor implicación de las autoridades, la concienciación y reivindicación ciudadana para conseguir que se cumpla la normativa, a la vez que se pongan en marcha convenios con organizaciones (ONCE, Federaciones de discapacitados, etc.) que persigan la eliminación de las barreras arquitectónicas en nuestras ciudades.

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