Varapalo del Consejo de Europa a las 'listas negras' por terrorismo

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Escrito por César Usán Supervía Jueves, 24 de Enero de 2008 03:51

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Denuncia que la forma de elaborar estas listas por parte de la ONU y la UE "viola los derechos humanos y el estado de derecho"

Elponente del informe, Dick Marty

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ayer una resolución en la que afirma que la forma en que la ONU y la Unión Europea elaboran las 'listas negras' de sospechosos relacionados con el terrorismo "viola los derechos humanos y el estado de derecho".

El ponente del informe, el suizo Dick Marty -quien también investigó los vuelos de la CIA- ha afirmado que "la injusticia es la mejor aliada del terrorismo y hay que combatirla también".

La resolución critica el sistema de creación de estas listas porque el inscrito no tiene derecho a ser escuchado, ni a presentar un recurso, ni a conocer las causas de su inclusión, ni a acudir a una instancia independiente.

Según el estudio, hay unas 370 personas en el mundo que tienen actualmente sus bienes congelados y que no pueden viajar por estar incluidas en la lista negra de la ONU, y otras 60 en las de la UE.

El inscrito no tiene derecho a ser escuchado, ni a presentar un recurso, ni a conocer las causas de su inclusión, ni a acudir a una instancia independiente

Marty ha denunciado que estas sanciones puedan imponerse "sobre la base de simples sospechas", lo que "viola los derechos humanos y las libertades fundamentales", y ha añadido que incluso los miembros encargados de decidir la inscripción de una persona en estas listas "no conocen todos los motivos de su inclusión".

También ha criticado que "la persona o entidad concernida a menudo tampoco es avisada de esta solicitud, ni escuchada, ni incluso informada de la decisión adoptada, hasta que intenta pasar una frontera o utilizar una cuenta bancaria", lo que permite que "alguien se convierta en terrorista sin que lo diga una autoridad judicial".

De ahí que la resolución recuerde que una persona tiene derecho a ser avisada e informada de las acusaciones presentadas contra ella, a contar con una defensa jurídia y a ser indemnizado en caso de violación de sus derechos.

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