Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la Junta Militar birmana continúa con las detenciones de activistas políticos, dos meses después de la brutal represión contra las manifestaciones de protesta habidas en el país y a pesar del compromiso formulado por las autoridades al enviado de la ONU, Ibrahim Gambari a principios de este mes.

Catherine Baber, directora del Programa para Asia y Oceania de AI, ha afirmado que "las detenciones arbitrarias continúan imparables" y constituyen "una supresión sistemática de la libertad de expresión y asociación que está llevando a cabo el Gobierno".

En su informe , la organización ofrece un listado de algunos de los líderes detenidos en los últimos dias. Entre ellos, el monje que lideró las manifesaciones de septiembre, U Gambira, y dos de sus familiares. Otros detenidos son Su Nway, miembro de la rama juvenil de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido liderado por la premio Nobel Aung San Suu Kyi, el monje U Than Rama, así como diversos dirigentes de LND y de grupos étnicos minoritarios.

Según la ong, unas 700 personas continúan detenidas desde las protestas del pasado septiembre, además de otros 1.150 presos políticos encarcelados con anterioridad.

Esta actuación de los militares contrasta con la esperanza manifestada por la líder de LND, Suu Kyi. Tras la visita del enviado de la ONU en la primera semana de este mes de noviembre, Suu Kyi mantuvo un encuentro con un representante de la Junta Militar tras el que declaró que "en el interés de la nación, estoy dispuesta a cooperar con el gobierno, con el fin de que el proceso de diálogo sea fructífero".

Tras estas declaraciones, Suu Kyi recibió autorización para reunirse con miembros de su partido, por primera vez en más de tres años.

En un comunicado anterior , Amnistía Internacional hacía referencia a la Carta firmada por los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) la pasada semana, en la que se recoge el compromiso de respetar los derechos humanos. La ong señala que "no tiene claro cómo es posible que el Gobierno militar birmano haya podido firmar la Carta -o, de hecho, se le ha permitido firmarla-, cuando ha cometido, sin ningún género de duda, lo que la Carta califica de "infracción grave" de sus disposiciones en materia de derechos humanos".


El sector energético, clave
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que prohíba nuevas inversiones internacionales en el sector del gas y el petróleo en Birmania, cuyos beneficios ayudan a mantener el régimen militar y cuyas exportaciones sirven para "comprar el silencio de países necesitados de energía", como China e India.

"Los generales birmanos actúan como si fueran inmunes ante las condenas internacionales porque están recibiendo fondos extranjeros para sus proyectos de gas y petróleo", declaró el director de Empresas y Programas de Derechos Humanos, Arvind Ganesan

El informe de HRW revela la presencia en Birmania de empresas de Australia, Islas Vírgenes Británicas, China, Francia, India, Japón, Malasia, Países Bajos, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Estados Unidos.

Entre las empresas más destacadas con inversiones en el sector del gas y el petróleo de Birmania figuran la surcoreana Daewoo International, la tailandesa PTT Public Company Ltd., la francesa Total, la estadounidense Chevron y la japonesa Nippon Oil.

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