Están en el sofá, en el teclado, en el biberón, en los calcetines... Más de 100.000 productos químicos andan por nuestras casas sin ningún tipo de control, y lo poco que se sabe de sus efectos tóxicos es más que preocupante. El pasado día uno entró en vigor el REACH, un reglamento de la Unión Europea para poner un poco de orden a tanto despropósito.

De ellos, al menos 1.500 pueden pueden causar cáncer, alteraciones hormonales, infertilidad, daños genéticos y efectos en el desarrollo de los niños, entre otros. Del resto, no se sabe casi nada porque nadie ha analizado sus efectos, por lo que podemos encontrarnos ante un futuro tóxico que durará siglos.

El pasado día uno entró en vigor la norma REACH, un reglamento con el que la Unión Europea pretende controlar de una manera más efectiva el uso de estos productos tóxicos. Para ello, creará en 2009 un primer listado de las sustancias más peligrosas, denominadas ofcialmente como extremadamente preocupantes', que obligará a los importadores y productores a solicitar una autorización especial si quieren seguir utilizándolas, o les forzará a reemplazar algunos de estos productos peligrosos cuando existan otros más seguros.

La voz de alarma la dio Greenpeace en 1996. Cinco años después, la Comisión Europea reconocía la peligrosidad de algunas sustancias químicas, con un primer listado de las más tóxicas. En 2003, Greenpeace recogió muestras en hogares y oficinas de toda Europa para demostrar que sustancias existentes en productos de consumo habitual eran perjudiciales para la salud (en España se llamó La Casa Intoxicada), y dos años después, esta ong dio a conocer la contaminación química presente en muestras de sangre de cordón umbilical, lo que demostraba que las mujeres transmitían estas sustancias a sus bebés durante el embarazo.

Para esta organización, el REACH "no tiene todo lo que necesita para protegernos, pero por primera vez una legislación puede ayudar a reducir la contaminación química peligrosa a que estamos expuestos diariamente", y critica que la UE dé a las empresas químicas un plazo de 11 años para que presenten información de seguridad, "lo que es un plazo manifiesta e irresponsablemente lento".

Según este reglamento, las empresas tienen la obligación de contestar a las solicitudes de los consumidores sobre si un determinado producto de consumo contiene alguna 'sustancia extremadamente preocupante'. Greenpeace, junto a otras ong, pretende seguir incidiendo en estas normas y para ello recaba a los ciudadanos que escriban a las empresas solicitando dicha información.