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Propone regular las empresas de crédito privado, que proliferan gracias al fuerte endeudamiento de la familia española

Se pretende evitar "situaciones de auténtica usura"

El Partido Popular quiere que el Gobierno regule las empresas de crédito privado que "amparadas en prácticas comerciales y publicitarias engañosas llegan a cobrar comisiones e intereses que rozan la usura".

(SM/RB) El portavoz de Economía del PP en el Senado, Javier Sánchez-Simón, ha alertado de que el vacío legal que afecta a estas empresas no contempladas en la legislación está provocando la oferta de créditos en 24 horas con tipos de interés y comisiones que en muchos casos son muy elevadas -pudiendo superar el 25%- y amparados en "prácticas comerciales y publicitarias engañosas". Para ello, el PP ha presentado una moción parlamentaria en el Senado, que se debatirá este martes en la cámara alta.


La moción popular pide someter a un régimen de autorización e intervención específico a las empresas de crédito privado que no tengan la categoría de "establecimientos financieros de créditos".  Asimismo, reclama establecer un régimen de supervisión administrativa de los contratos tipos de las empresas de crédito privado; y que se disponga de una regulación encaminada a dar publicidad y transparencia de las comisiones de la operación de financiación intervenida, así como establecer un régimen de supervisión de los contratos tipos que utilizan los denominados intermediarios financieros que refinancian y reunifican deudas. Además, la moción pide definir y precisar los costes totales de la operación en cada contrato y regular específicamente el derecho a la información del consumidor y de sus avalistas.


El origen de la proliferación de este tipo de negocios, ajenos a los sistemas reglados, está en el incremento del endeudamiento de las familias españolas, un hecho objetivo del que el Banco de España y todos los analistas ya han advertido, señalan los populares. El parlamentario del PP recordó que desde 2002 la Unión Europea está confeccionando una directiva comunitaria sobre este asunto, por impulso de varios países preocupados por el fenómeno de los créditos rápidos.

Según Sánchez-Simón, este tema debería ser también una preocupación para el Gobierno de España, ya que, tal y como recordó, se trata de un país con uno de los más elevados índices de consumo en relación a la renta disponible, lo que le hace muy susceptible a estas prácticas. "El Gobierno debe actuar y rápido en defensa de los consumidores, en tanto se aprueba la directiva comunitaria", reclama el senador del PP.


Las dos últimas medidas que solicita son establecer la inscripción obligatoria en un registro público de los prestamistas y de los intermediarios de créditos y proceder a la regulación de un régimen de comunicación al Banco de España del tipo de interés aplicado a este tipo de operaciones, así como de las comisiones y de cualquier otra medida encaminada a que se eviten situaciones de "auténtica usura".

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